Gay Panamá

La ley de escuchas telefónicas y de espionaje a las telecomunicaciones de los panameños, está aprobada en una primera fase por el consejo de ministros, pero es poco probable que la mayoría legislativa se oponga a un instrumento que pone en peligro la intimidad de los ciudadanos, los derechos humanos de la sociedad como colectivo, bajo el argumento que permitirá combatir mejor al crimen organizado.

Así como las cámara de video vigilancias amenazan la libertad de las personas si son mal usadas, para vigilar a opositores, críticos del sistema, disidentes o luchadores sociales, esta autorización que se consagra en la un proyecto de ley es muy peligrosa.

A través de esta las autoridades políticas y por supuesto las judiciales, para los fines propios de su actividad de persecución de los delitos, tendrán acceso a las llamadas telefónicas privadas de miles de panameños, a sus correos electrónicos y a su vida personal.
Nunca antes en la historia del país se ha puesto en peligro el derecho sagrado de las personas a su intimidad con argumentos baladíes.
Para combatir el crimen organizado no se necesita que el Estado tenga control de lo particular.

Ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en los países donde hay la tentación de aplicar estos controles a las comunicaciones, el éxito en la lucha y combate al crimen organizado o los narcotraficantes han sido exitosos.

Una ley como está, en países como Panamá donde el régimen presidencialista es casi monárquico y los mandatarios se convierten en una especie de emperadores, cuyo poder es casi ilimitado y permite inclusive abusos y excesos, lamentablemente amparados en la ley, es peligroso, muy peligroso lo que se está promoviendo y aprobando.
No existen garantías de ningún tipo para anular las tentaciones, de aquellos que ven en los contrapesos democráticos, en las críticas, o en las diferencias de criterio amenazas a la seguridad nacional.

¿A quiénes espiarán realmente, a los medios de comunicación social, a los periodistas independientes, a las fuentes de estos periodistas, a los líderes de la oposición política partidista, a los dirigentes del Frenadeso, a los directivos del SUNTRACS, a un empresario, a un líder gremial?.
Dudas y preocupaciones surgen ante una ley, que ademá de no haber sido consultada con ningún sector social, político o económico, vulnera derechos sagrados y no garantiza que en el futuro, el acceso a la información sea usada para fines distintos.

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James Aparicio
HORA CERO
www.horacero.com.pa
El diario digital de Panamá