La ley de escuchas telefónicas y de espionaje a las telecomunicaciones de los panameños, está aprobada en una primera fase por el consejo de ministros, pero es poco probable que la mayoría legislativa se oponga a un instrumento que pone en peligro la intimidad de los ciudadanos, los derechos humanos de la sociedad como colectivo, bajo el argumento que permitirá combatir mejor al crimen organizado.
Así como las cámara de video vigilancias amenazan la libertad de las personas
si son mal usadas, para vigilar a opositores, críticos del sistema, disidentes o
luchadores sociales, esta autorización que se consagra en la un proyecto de ley
es muy peligrosa.
A través de esta las autoridades políticas y por supuesto las judiciales, para
los fines propios de su actividad de persecución de los delitos, tendrán acceso
a las llamadas telefónicas privadas de miles de panameños, a sus correos
electrónicos y a su vida personal.
Nunca antes en la historia del país se ha puesto en peligro el derecho sagrado
de las personas a su intimidad con argumentos baladíes.
Para combatir el crimen organizado no se necesita que el Estado tenga control de
lo particular.
Ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en los países donde hay la tentación
de aplicar estos controles a las comunicaciones, el éxito en la lucha y combate
al crimen organizado o los narcotraficantes han sido exitosos.
Una ley como está, en países como Panamá donde el régimen presidencialista es
casi monárquico y los mandatarios se convierten en una especie de emperadores,
cuyo poder es casi ilimitado y permite inclusive abusos y excesos,
lamentablemente amparados en la ley, es peligroso, muy peligroso lo que se está
promoviendo y aprobando.
No existen garantías de ningún tipo para anular las tentaciones, de aquellos que
ven en los contrapesos democráticos, en las críticas, o en las diferencias de
criterio amenazas a la seguridad nacional.
¿A quiénes espiarán realmente, a los medios de comunicación social, a los
periodistas independientes, a las fuentes de estos periodistas, a los líderes de
la oposición política partidista, a los dirigentes del Frenadeso, a los
directivos del SUNTRACS, a un empresario, a un líder gremial?.
Dudas y preocupaciones surgen ante una ley, que ademá de no haber sido
consultada con ningún sector social, político o económico, vulnera derechos
sagrados y no garantiza que en el futuro, el acceso a la información sea usada
para fines distintos.
--
James Aparicio
HORA CERO
www.horacero.com.pa
El diario digital de Panamá
