Manuel G. Burgos V. Consultor Internacional
La pandemia de H1N1 que se expande en nuestro país, a una respetable tasa de crecimiento, deja en evidencia la poca percepción al riesgo de los panameños en materia de salud, ya que, a pesar de las recomendaciones, continuamos contraviniendo las indicaciones y contribuyendo a la dinámica de su expansión.
Igual sucede con el dengue, el hanta virus, y las infecciones de transmisión sexual como el virus del Papiloma Humano, el herpes genital y la epidemia de VIH-Sida; esta última, con un alto nivel de letalidad del 70% lo que representa más de 6,000 panameños que han fallecidos por esta causa desde el inicio de la epidemia a la fecha.El nuevo gobierno encontrará en la epidemia de VIH un gran reto en materia de salud, ya que por su acelerado crecimiento, más de dos panameños se infectan cada día a razón de tres hombres por 1 mujer; el 56% en edades entre 15 a 39 años; el 70% se ha infectado por transmisión sexual y el 52% se auto identifica como heterosexual; aunque la población de hombres que tienen sexo con otros hombres experimenta la más alta prevalencia en el país, pues los estudios la ubican entre 12% y 19%.
El reto trasciende el sector salud; dado que la epidemia tiene un fuerte impacto en la economía nacional. En los últimos 10 años, la epidemia de VIH ha demandado más de 150 millones de dólares, de los cuales el sector público ha aportado un promedio de 70% de esos recursos, sin considerar el impacto en productividad y otros costos de oportunidad en que incurre. Además del Estado, el sector privado, que para el 2020 podría ver afectada un 30% de su fuerza de trabajo si las tendencias se mantienen como hasta ahora.
El impacto social de esta pandemia es devastador, pues aunque no discrimina por estatus socio-económico, afecta mayormente a los sectores con menores recursos, por algo en corregimientos como Curundú, Santa Ana y en Kuna Yala se encuentra entre las primeras tres causas de muerte.
Es por ello que el nuevo Ministro deberá: fortalecer la Ley 3 del 5 enero del 2000; promover los cambios que demanda la Comisión Nacional para la Prevención y Control del VIH (CONAVIH) transformandola en un patronato multisectorial que lidere la respuesta nacional; avalar los esfuerzos que se han concentrado en el plan estratégico que se está elaborando con el consenso de la sociedad civil, agencias, técnicos y autoridades y recordar con el SIDA es un problema de Estado.
